La Conciencia de Clase cuando tienes una posición de poder.

Hay gente que recuerda perfectamente de dónde viene hasta que empieza a tener poder. Entonces cambian las compañías, cambian las preocupaciones y cambia la manera de mirar a quienes siguen donde esa persona estuvo. El alquiler que antes parecía una injusticia se convierte en una inversión interesante. La protesta que antes merecía apoyo empieza a resultar incómoda. Las condiciones de trabajo de los demás pasan a ser un coste que conviene reducir.

Por eso hablar de conciencia de clase exige algo más que recordar una infancia humilde, declarar unas ideas o aparecer en una manifestación. Se demuestra en la forma de actuar, especialmente cuando tienes capacidad para decidir sobre la vida de otras personas.

Desde La Bola Negra queremos hablar de esa responsabilidad. También de las relaciones entre la lucha de clases, el feminismo, el antirracismo, los derechos LGTBI y la defensa de nuestra tierra. Andalucía conoce bien lo que significa producir riqueza sin disfrutar de ella en condiciones justas. Y la historia obrera de Cádiz nos permite entender cuánto cuesta conquistar derechos y cuánto trabajo hace falta para conservarlos.

Cuando tus decisiones afectan a otros

Una persona que llega a una posición económica cómoda puede seguir comprometida con la clase trabajadora. El problema empieza cuando considera que su comodidad la autoriza a tratar las necesidades de los demás como algo secundario.

Si tienes una empresa, importa cómo pagas, qué horarios exiges y qué ocurre cuando alguien reclama. Si ocupas un cargo público, importa qué intereses proteges al legislar y a quién escuchas antes de tomar una decisión. Si tienes influencia cultural o mediática, importa a quién prestas tu voz y cómo respondes cuando quienes cuentan con menos recursos te llevan la contraria.

Decirse de izquierdas mientras se castiga a un trabajador por organizarse merece una crítica clara. También merece una crítica quien habla de igualdad y convierte su posición en una herramienta para imponer silencio. Las ideas que declaras no borran las consecuencias de tus actos.

La conciencia de clase obliga a aceptar límites a tu propio poder. Obliga a reconocer que un trabajador puede tener razón frente a ti; que un sindicato tiene derecho a negociar; que la dignidad de otra persona cuenta aunque atenderla reduzca tu margen de beneficio.

Hay una forma de elitismo especialmente desagradable: la de quien cree que haber triunfado demuestra que entiende mejor la vida de todos los demás. Desde ahí, el paro se explica por falta de esfuerzo, la pobreza por malas decisiones y la protesta por ignorancia. Basta acercarse a una familia que encadena empleos precarios para ver lo poco que explica ese relato.

La posición de partida pesa. Tener una vivienda heredada permite asumir riesgos que otra persona no puede permitirse. Contar con dinero familiar ofrece tiempo para estudiar, crear, emprender o equivocarse. Quien necesita pagar el alquiler el día uno acepta condiciones que habría rechazado si tuviera una alternativa. Convertir después esas diferencias en una cuestión de mérito individual sirve para justificar privilegios.

Quien alcanza una posición de poder desde la izquierda tiene una responsabilidad con todo esto. Su compromiso también debe aparecer en los conflictos que le afectan personalmente, en la distribución del dinero y en el trato cotidiano. Asumir esa responsabilidad implica dejar de actuar como un elitista, aunque nadie esté mirando.

La conciencia de clase tiene que estar en todas las luchas

El feminismo, el antirracismo y la lucha por los derechos LGTBI atraviesan la vida de la clase trabajadora. En un mismo centro de trabajo pueden coincidir una mujer que soporta acoso, un compañero migrante al que amenazan por su situación administrativa y una persona trans que teme quedarse sin empleo si se muestra como es. Sus experiencias son distintas, pero también comparten una dependencia económica que facilita los abusos.

Pensar estas luchas desde la clase permite ver quién puede protegerse y quién queda expuesto. Una persona con dinero puede pagar una defensa jurídica, cambiar de vivienda o abandonar un trabajo. Para quien vive de una nómina ajustada, dar ese paso puede significar quedarse sin comer o sin techo.

Una directiva del IBEX 35 puede defender el feminismo y, al mismo tiempo, dirigir una empresa que mantiene a sus trabajadoras en condiciones indignas. Su discurso de igualdad tendrá que responder por los salarios, los horarios y el trato que reciben esas mujeres. Ser mujer no convierte automáticamente sus decisiones empresariales en emancipadoras.

Lo mismo sucede con un empresario negro que haya sufrido racismo y después explote a sus trabajadores, o con una persona homosexual que se declare de izquierdas y utilice su posición para someter a quienes dependen de ella. Haber sufrido una opresión no concede permiso para ejercer otra.

Un feminismo que aspire a cambiar la vida de las mujeres tiene que llegar a las limpiadoras, las jornaleras, las empleadas del hogar y las cuidadoras. Tiene que ocuparse de las que trabajan cuando se celebran los grandes actos de igualdad y de las que regresan a casa para empezar una segunda jornada sin sueldo.

La Organización Internacional del Trabajo estimó, con datos de 2023, que 708 millones de mujeres en el mundo estaban fuera de la fuerza laboral por sus responsabilidades de cuidados no remunerados. Detrás de esa cifra hay una distribución del tiempo que condiciona la autonomía económica y la participación social.

Por eso importan los servicios públicos de cuidados, las escuelas infantiles, la atención a la dependencia y el reparto de las tareas domésticas. Una sociedad que deja todo ese trabajo sobre los hombros de las mujeres está decidiendo quién dispone de tiempo para ganar dinero, participar en política o descansar.

El antirracismo debe ocuparse también de las condiciones laborales y de la facilidad con la que se puede chantajear a una persona que teme perder sus papeles, su habitación o su única fuente de ingresos. Los derechos LGTBI tienen que hacerse efectivos en el trabajo, en la vivienda, en la sanidad y en la posibilidad de vivir sin depender económicamente de alguien que rechaza quién eres.

Transformar la distribución de la riqueza puede quitar fuerza a muchos mecanismos de discriminación. Pero acabar con la desigualdad económica no borra por sí solo el racismo, el machismo o la LGTBIfobia. Esas opresiones también deben combatirse en las instituciones, en los barrios y dentro de nuestras propias organizaciones. Ninguna persona debería tener que esperar a una revolución futura para que se respete su dignidad.

La unidad de clase se construye escuchando todo eso. Exige que quien no sufre una discriminación concreta se implique igualmente. La solidaridad pierde su sentido si solo aparece cuando el problema nos toca de cerca.

La riqueza sale del trabajo y debe sostener una vida digna

La riqueza depende del trabajo de personas que cultivan, transportan, construyen, enseñan, cuidan y mantienen en funcionamiento la vida cotidiana. Sin ellas, una cuenta de inversión no recoge una cosecha ni atiende a un enfermo.

Sin embargo, el reparto de esa riqueza concentra una enorme capacidad de decisión en pocas manos. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, el 10 % de los hogares con mayor patrimonio reunía el 52,9 % de la riqueza neta de los hogares españoles en 2024. Se trata de patrimonio después de descontar las deudas, no de salarios ni de facturación empresarial.

Esa concentración permite algo más que comprar bienes caros. Permite negociar desde una posición de seguridad, adquirir activos que generan nuevas rentas y soportar periodos de incertidumbre. Quien vive al día se encuentra en el otro extremo: necesita aceptar un empleo, renovar un alquiler o pedir un préstamo aunque las condiciones le perjudiquen.

La crítica de clase empieza por esa relación. Que una minoría pueda pagar lujos mientras quienes sostienen su actividad no pueden acceder a una vivienda exige discutir cómo se reparte el valor producido y quién decide ese reparto.

El Estado tiene responsabilidades concretas. Puede reforzar los servicios públicos, recaudar de manera progresiva, perseguir el fraude y establecer límites a los abusos. También puede favorecer a grandes propietarios y empresas mientras deja que las familias resuelvan solas sus necesidades. Los presupuestos y las leyes muestran qué prioridades se eligen.

La vivienda lo hace especialmente visible. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos actuar para hacerlo efectivo e impedir la especulación. Reconocerlo sobre el papel requiere después políticas que permitan vivir con seguridad.

Un derecho básico debe poder ejercerse sin depender de la rentabilidad que ofrezca garantizarlo. Defenderlo significa ampliar la vivienda pública, actuar frente a la especulación y proteger a quienes quedan expuestos a perder su hogar. Significa también discutir la propiedad desde su función social y valorar las medidas de intervención necesarias con garantías.

Para nosotros, repartir riqueza supone asegurar vivienda, sanidad, educación y cuidados, junto con salarios suficientes y tiempo para vivir. El descanso y la posibilidad de participar en la vida colectiva cuentan. Una sociedad que consume toda la energía de sus trabajadores les está quitando también capacidad para organizarse y decidir.

Una izquierda que gobierna tiene que estar dispuesta a enfrentarse a los intereses que impiden ejercer esos derechos. Si acepta como intocable la rentabilidad de los fondos, los bancos y los grandes propietarios, estrecha de antemano el espacio de lo que puede cambiar. Quienes soportan el problema merecen medidas eficaces y participación en las decisiones. El temor a incomodar a los poderosos no puede convertirse en la norma de gobierno.

La vivienda vacía de los grandes tenedores, la especulación y la acumulación de suelo deben entrar en esa discusión. Las medidas de intervención pública, incluida la expropiación por interés social con las garantías correspondientes, tienen que poder debatirse. Una izquierda que descarta cualquier transformación de la propiedad acaba limitándose a gestionar el reparto que ya existe.

Andalucía produce riqueza y necesita poder sobre ella

En Andalucía este debate tiene una dimensión territorial que conocemos de cerca. Nuestra tierra genera actividad agrícola, industrial, turística y cultural. El relato que presenta al sur como un territorio incapaz de aportar riqueza no resiste una mirada seria a los datos.

En 2025, Andalucía exportó productos por más de 40.000 millones de euros. Las ventas exteriores de aceite de oliva alcanzaron los 3.690 millones y representaron el 72 % del valor exportado por España en ese producto. La Junta sitúa a Andalucía como primera exportadora mundial de aceite de oliva. Ese 72 % corresponde a las exportaciones españolas, no al mercado mundial.

El turismo también mueve una actividad enorme: la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía estimó 37,9 millones de turistas en 2025, incluyendo visitantes de la propia Andalucía, del resto del Estado y del extranjero.

Al mismo tiempo, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 situó en el 34,7 % la población andaluza en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % en el conjunto de España. Es un indicador que combina riesgo de pobreza, carencias materiales y sociales y baja intensidad de empleo.

Estos datos describen una contradicción que merece atención política. Una tierra con esa capacidad productiva sigue teniendo a una parte enorme de su población en condiciones de vulnerabilidad. Exportar más o recibir más turistas puede generar empleo e ingresos; también hay que examinar los salarios, las condiciones laborales, el acceso a la vivienda y la distribución de los beneficios.

Queremos que el trabajo de quienes recogen la aceituna se traduzca en una vida digna. Queremos que una camarera de pisos pueda vivir en la ciudad cuyo turismo sostiene. Queremos que el éxito de un producto andaluz alcance a quienes lo hacen posible y no se quede únicamente en los eslabones con mayor capacidad para imponer precios.

Esto obliga a discutir la propiedad de la tierra, la fuerza negociadora de los productores, la intermediación y el control de las empresas. También obliga a reclamar industria, investigación y servicios públicos que permitan construir un futuro aquí.

Nuestra cultura forma parte de esta cuestión. El prestigio del flamenco, de nuestra literatura o de una determinada estética andaluza debería abrir oportunidades a quienes crean desde Andalucía. Hay que reconocer su autoría y pagar su trabajo. Admirar una tradición mientras se normaliza que sus artistas trabajen gratis conserva una desigualdad que también es de clase.

Desde un andalucismo de izquierdas, reivindicar nuestra tierra implica cambiar las condiciones de quienes viven y trabajan en ella. La identidad cobra fuerza política cuando ayuda a organizarse y a exigir capacidad de decisión.

Las élites de Madrid deben responder

Queremos señalar a Madrid como centro del poder estatal y de una importante concentración de poder empresarial y mediático. Desde la capital se toman decisiones que afectan al futuro industrial, a la financiación y a los servicios de territorios enteros. Quienes soportan sus consecuencias deben tener voz y capacidad para disputarlas.

El Banco de España ofrece un ejemplo de esa conexión empresarial: con información de 2023, identifica más de 6.000 establecimientos en Andalucía pertenecientes a empresas con domicilio social en el municipio de Madrid. El dato muestra actividad andaluza vinculada a compañías cuya sede está en la capital; por sí solo no determina dónde termina cada euro ni dónde se toma cada decisión.

El problema político aparece cuando la concentración del poder deja a Andalucía dependiendo de prioridades que no controla. Cuando se habla de un territorio como proveedor de mano de obra, destino de vacaciones o lugar del que extraer recursos, mientras sus necesidades se tratan como una petición que puede esperar.

Las élites de Madrid y las instituciones estatales deben responder por sus decisiones sobre Andalucía. Queremos saber qué proyecto industrial defienden, qué garantías ofrecen para los servicios públicos y qué capacidad real dejan a nuestra población para decidir sobre su desarrollo.

También deben responder las élites andaluzas que participan en ese reparto. Un propietario que paga mal no se vuelve un aliado por compartir nuestro acento. Una administración autonómica tiene sus propias competencias y responsabilidades. El centralismo puede perjudicarnos y, al mismo tiempo, encontrar colaboradores cómodamente instalados aquí.

La clase trabajadora de Madrid conoce el alquiler abusivo, la precariedad y los servicios públicos deteriorados. Tiene mucho que ganar junto a la clase trabajadora andaluza. Señalar a las élites de la capital significa identificar una concentración de poder, manteniendo esa solidaridad.

Andalucía necesita fuerza organizada para negociar su futuro. Las necesidades pueden estar perfectamente documentadas y seguir desatendidas. Los sindicatos, las asociaciones vecinales y los movimientos sociales dan a quienes las sufren una capacidad de presión que una queja individual difícilmente consigue.

Cádiz conserva una memoria obrera que sigue haciendo falta

La lucha del metal en Cádiz viene de mucho antes de las imágenes recientes que han circulado por las redes. La reconversión industrial de los años ochenta ocupa un lugar central en esa memoria. Afectó al empleo, a la actividad de los astilleros y al futuro de una Bahía donde muchas familias dependían del sector.

La fase más dura de la reconversión avanzó durante los gobiernos socialistas de Felipe González. Esa historia obliga a juzgar a los gobiernos por las políticas que aplican y sus consecuencias para los trabajadores, también cuando se presentan como izquierda.

La presión obrera consiguió modificar parte de esos planes a escala estatal. La investigación de José María Marín Arce recoge cómo se flexibilizaron las medidas sobre las plantillas, se abrió la posibilidad de suspender contratos en lugar de extinguirlos y se prolongó la permanencia en los fondos de promoción de empleo. Muchos trabajadores terminaron recolocados en otras empresas. Hubo conquistas que costaron largos conflictos con el Gobierno y que muestran la capacidad de la organización para forzar cambios.

El 20 de diciembre de 1984 se convocó una huelga general en Cádiz contra los planes de reconversión naval. Paralizó el puerto y los astilleros y tuvo una importante repercusión en el centro de la ciudad, aunque las organizaciones discreparon sobre su seguimiento. La defensa del trabajo había adquirido una dimensión que desbordaba la fábrica.

En Puerto Real, las movilizaciones de 1987 desembocaron en los acuerdos de Jerez. Reconocieron la viabilidad y continuidad del astillero e incluyeron compromisos sobre carga de trabajo e incorporación de aprendices. Después llegaron contratos de buques que aseguraban actividad a corto y medio plazo. La lucha ayudó a defender una continuidad industrial que era decisiva para la población. Hubo también pérdidas de empleo, salidas de trabajadores y desacuerdos sobre lo conseguido. Conservar esa memoria exige reconocer tanto las conquistas como sus límites.

Las investigaciones de Beltrán Roca y David Florido del Corral muestran el peso de las asambleas y la relación entre el astillero y la vida del municipio. Documentan también la organización de las mujeres de las familias trabajadoras. Su participación formó parte de la defensa de la economía doméstica y de una comunidad amenazada por la pérdida de empleo.

Ahí encontramos una relación concreta entre conciencia de clase y otras luchas. Defender el trabajo implicaba sostener la vida que dependía de él. Las mujeres tenían voz propia en esa movilización y su protagonismo debe formar parte del relato histórico.

La solidaridad del metal gaditano también ha mirado más lejos. CCOO recuerda que en julio de 1977 los trabajadores de Bazán, en San Fernando, se negaron a reparar el buque chileno Esmeralda, utilizado como cárcel y centro de tortura por la dictadura de Pinochet. Aquella huelga expresó un compromiso antifascista que iba más allá de una mejora salarial.

En 2021, nueve días de huelga condujeron a un acuerdo con incrementos salariales del 2 % para 2021, 2022 y 2023 y mecanismos de revisión vinculados a la inflación. Fue una conquista concreta y discutida, con límites que otros sindicatos señalaron.

La movilización volvió en 2025. El convenio publicado ese año recoge actualizaciones salariales vinculadas al IPC y la incorporación progresiva de un complemento para los trabajadores que reúnen sus requisitos. UGT defendió el acuerdo; otras organizaciones, como CGT, cuestionaron su contenido y la participación de las bases. Esa discusión forma parte de la vida sindical y recuerda que los acuerdos también deben someterse al examen de quienes van a trabajar bajo sus condiciones.

Cada etapa recuerda algo necesario: la organización permite disputar decisiones que afectan a miles de vidas. Negociar requiere fuerza colectiva, participación y vigilancia del cumplimiento. Los acuerdos deben poder examinarse y discutirse por quienes van a vivir con sus condiciones.

Por eso la independencia de clase importa tanto. El apoyo a un gobierno no debe desactivar una reivindicación justa. Si los trabajadores necesitan reclamar frente a una administración que se declara progresista, sus organizaciones tienen que conservar la capacidad de hacerlo.

La crisis ecológica también tiene una estructura de clase

Un sistema económico que necesita ampliar continuamente sus beneficios y permite descargar los costes ambientales sobre otros entra en conflicto con las condiciones que hacen posible la vida. Desde nuestra posición anticapitalista, esa contradicción exige transformar la producción y el poder que la dirige.

A veces se dice que vamos a destruir el planeta. La Tierra seguirá existiendo; lo que estamos deteriorando son los ecosistemas y las condiciones de las que dependemos nosotros y muchas otras especies. Los daños no necesitan llegar a una extinción humana para ser intolerables.

Tampoco los sufrimos de la misma manera. Quien dispone de dinero puede proteger mejor su vivienda del calor, cambiar de lugar o pagar cuidados. Quien trabaja al aire libre, vive en un piso mal acondicionado o carece de recursos tiene muchas menos opciones.

El IPCC ha señalado que las comunidades que históricamente menos han contribuido al cambio climático sufren sus efectos de forma desproporcionada. También recoge la desigual contribución a las emisiones entre países y entre personas. Esa desigualdad es parte de la crisis, no una cuestión secundaria.

La responsabilidad política consiste en actuar sobre los sectores que producen el daño y proteger a quienes tienen menos margen para adaptarse. El agua, la energía y el transporte afectan a la vida cotidiana y a la posibilidad de trabajar. Deben gestionarse atendiendo a esas necesidades y a los límites ambientales.

En Andalucía, defender nuestra tierra exige discutir para qué actividades se utiliza el agua, quién decide sobre los recursos y qué modelo productivo puede sostener una vida digna a largo plazo. La población debe participar en esas decisiones y disponer de información suficiente para hacerlo.

La transición ecológica tiene que garantizar empleos, formación y alternativas reales. Cerrar una actividad sin ofrecer un futuro a sus trabajadores desplaza el coste sobre quienes menos capacidad tienen para soportarlo. Mantener cualquier actividad sin atender a sus daños también compromete su vida y la de quienes vendrán después.

La clase trabajadora debe tener poder para dirigir esa transformación. Su experiencia y sus necesidades tienen que pesar en la planificación de la industria, la energía y el transporte. Una transición decidida únicamente por quienes buscan rentabilidad seguirá tratando a las personas y a los territorios como recursos disponibles.

Organizarse para decidir sobre la vida

La indignación puede abrir una conversación. Para cambiar condiciones hacen falta organizaciones capaces de sostener una lucha, negociar y exigir que los acuerdos se cumplan. Eso requiere tiempo, vínculos y mecanismos democráticos.

Un sindicato necesita escuchar a sus afiliados. Una asociación vecinal necesita acercarse a quienes tienen dificultades para participar. Un colectivo tiene que preguntarse si sus horarios permiten asistir a personas que trabajan por turnos o cuidan de otras. La conciencia de clase aparece también en esos detalles.

Quien gana dinero, reconocimiento o influencia conserva una responsabilidad con las luchas de los demás. Puede aportar recursos, apoyar una caja de resistencia, contratar en condiciones dignas, escuchar una demanda incómoda o poner su capacidad de comunicación al servicio de quienes no la tienen. El compromiso se vuelve real en esas decisiones.

Queremos una economía donde la clase trabajadora participe en el control de lo que produce. Eso implica reforzar la negociación colectiva, impulsar cooperativas con funcionamiento democrático y defender la propiedad pública y el control social allí donde estén en juego necesidades esenciales. Implica dar poder efectivo a quienes hoy solo reciben las consecuencias de las decisiones ajenas.

La redistribución mediante impuestos y servicios públicos puede mejorar vidas de manera decisiva. También necesitamos intervenir en el reparto que se hace dentro de las empresas, en la propiedad y en las decisiones de inversión. Si todo el poder económico sigue concentrado, quienes lo poseen conservarán una enorme capacidad para condicionar el resto.

Para Andalucía, ese proyecto debe permitir vivir aquí, crear aquí y participar desde aquí en la definición de nuestro futuro. Debe reconocer como parte de nuestra clase trabajadora a quienes han nacido fuera y sostienen con su trabajo la vida de nuestra tierra. La solidaridad tiene que alcanzarles con los mismos derechos.

Desde La Bola Negra defendemos un andalucismo de izquierdas, antifascista y comprometido con esa transformación. Ese compromiso también debe exigirse a nosotros mismos. Si nuestro proyecto crece y adquiere capacidad para decidir sobre el trabajo de otras personas, tendrá que responder por cómo la utiliza.

La conciencia de clase se demuestra apoyando la lucha que no te beneficia directamente, respetando a quien reclama frente a ti y aceptando que la dignidad de los demás pone límites a tus intereses.

Con poder o sin él, esa responsabilidad sigue siendo nuestra.

Por una Andalucía libre y antifascista.