Maricarmen: un asesinato de Estado. Granada marcha por todas

Este 8 de octubre hemos marchado en Granada por Maricarmen. Por ella, por las familias que tienen un desahucio señalado para las próximas semanas y por quienes viven pendientes de una carta que puede dejarlas sin casa. Hemos marchado por la clase obrera, por el derecho a quedarse en el barrio y por algo tan elemental como poder llegar al final del día y tener un lugar al que volver.

Hay una rabia difícil de explicar cuando una persona tiene que defender hasta el último momento de su vida el techo bajo el que quiere vivir. La sentimos ante lo que le hicieron a Maricarmen y ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Una sociedad que permite semejante sufrimiento tiene que mirarse de frente. Y sus gobiernos tienen que responder.

Cuando hablamos de un asesinato de Estado, lo hacemos como una denuncia política de esa violencia institucional y económica. Señalamos a un sistema que protege con tanta eficacia el beneficio de quienes poseen viviendas y deja a quienes las habitan luchando por conservar lo más básico. Ese es el sentido de nuestras palabras: exigir responsabilidades por una desprotección que jamás debería haberse permitido.

Maricarmen tenía una vida, una casa y el derecho a quedarse

Maricarmen Abascal tenía 87 años. El 23 de septiembre fue desahuciada de su casa en Madrid, donde había vivido durante más de siete décadas. El 7 de octubre falleció después de quince días hospitalizada. Entre ambas fechas se alcanzó un acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda. Murió antes de poder hacerlo.

Cuesta aceptar esa secuencia. Cuesta aceptar que una mujer tenga que pasar por la expulsión de su casa para que después se encuentre una solución que le permita volver. La violencia de ese recorrido merece una respuesta mucho más seria que unas condolencias.

Su abogada, Beatriz Duro, ha denunciado el deterioro de su salud durante el proceso y ha expresado su convencimiento de que suspender el desahucio habría cambiado la situación. Es el testimonio de quien estuvo acompañándola y tratando de impedirlo.

Para Maricarmen, aquella casa contenía su vida. Sus costumbres, sus recuerdos, la familiaridad de cada habitación. Quienes hablan de estos casos únicamente en términos de rentabilidad deberían pensar en lo que significa perderlo todo a esa edad. Un hogar sostiene también nuestra autonomía, nuestras relaciones y nuestra manera de estar en el mundo.

Nos negamos a asumir como normal que una persona mayor tenga que demostrar una y otra vez que merece seguir viviendo en su casa. Nos negamos a aceptar que el miedo, la incertidumbre y el agotamiento sean el precio de defender un hogar.

El Gobierno progresista también tiene que responder

Al Gobierno que se presenta como progresista hay que exigirle que proteja a la gente. La palabra progresista tiene que significar algo cuando una persona vulnerable se enfrenta a un desahucio. Tiene que traducirse en una protección efectiva antes de que la expulsen, en recursos y en decisiones que permitan vivir con seguridad.

El Ministerio de Vivienda participó en las negociaciones para intentar evitar el desahucio de Maricarmen. Aun así, la expulsión se ejecutó.

Ese resultado es el que juzgamos políticamente. Las gestiones realizadas tienen que evaluarse por su capacidad para proteger a la persona que las necesitaba. Maricarmen seguía necesitando su casa mientras se hablaba, se negociaba y se buscaban salidas. Su tiempo era el de una mujer de 87 años sometida a una amenaza insoportable.

La responsabilidad de quienes gobiernan incluye cambiar las condiciones que hacen posible esa amenaza. La vivienda exige enfrentarse a intereses económicos muy poderosos. Exige decidir hasta dónde puede llegar el beneficio privado cuando está en juego la vida cotidiana de otras personas.

Y esa exigencia corresponde al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, cada uno desde sus competencias. La gente no puede quedarse atrapada entre administraciones que se pasan el problema mientras llega la fecha del desahucio. La protección tiene que existir y tiene que llegar a tiempo.

Desde una posición de izquierda, apoyar al pueblo significa poder exigir cuentas también a quienes gobiernan en nombre de la izquierda. Nuestra lealtad está con la clase trabajadora. Con la jubilada que quiere permanecer en su casa, con la madre que cría sola, con quien trabaja y aun así no llega al alquiler, con quien ha perdido el empleo y necesita ayuda para salir adelante.

Defender esa posición exige independencia política. Un Gobierno debe saber que su electorado y los movimientos sociales pueden exigirle mucho más que un discurso. Puede haber medidas que merezcan apoyo y decisiones que merezcan crítica. La vida de la gente tiene que pesar más que la comodidad de cualquier partido.

La vivienda tiene que dejar de ser una amenaza

El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y encarga a los poderes públicos promover las condiciones para hacerlo efectivo e impedir la especulación con el suelo.

Queremos que ese compromiso tenga consecuencias en la vida real. Que una persona pueda hacer planes sin preguntarse cada año si podrá seguir en su casa. Que formar una familia, estudiar, envejecer o cambiar de trabajo resulte compatible con conservar un hogar.

El problema de la vivienda atraviesa toda nuestra vida. Determina dónde podemos trabajar, cuánto tardamos en llegar, qué parte del sueldo nos queda y cuánto tiempo podemos pasar con quienes queremos. Quien teme perder su casa lleva esa preocupación al trabajo, a la cama y a cada conversación sobre el futuro.

Por eso defendemos una vivienda pública suficiente y con vocación de permanecer pública. Alquileres que puedan pagarse con salarios reales. Protección efectiva frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Medidas contra la acumulación de viviendas con fines especulativos y una política que dé prioridad al uso residencial.

También defendemos poner las viviendas de bancos y grandes fondos al servicio de esa necesidad, mediante adquisición pública y expropiación cuando corresponda. Queremos discutir estas medidas con la misma seriedad con la que se discuten las garantías del inversor. El derecho de una familia a tener techo merece recursos, determinación y una voluntad política sostenida.

La clase obrera no puede dedicar toda su existencia a producir riqueza y terminar pidiendo permiso para habitar las ciudades que mantiene en funcionamiento.

Granada y Andalucía tienen que poder vivirse

En Granada sentimos esta lucha desde nuestra propia tierra. Queremos una ciudad en la que puedan quedarse quienes la cuidan, quienes trabajan en ella y quienes han crecido en sus barrios. Una ciudad en la que una persona mayor conserve su entorno y una persona joven encuentre la posibilidad de empezar su vida.

Desde nuestro andalucismo, defender Andalucía incluye defender la posibilidad de vivir aquí. Poder quedarse tiene que ser una opción real. Quienes se marchan deberían poder hacerlo por deseo, por curiosidad o por un proyecto propio, con la posibilidad de regresar. Tener un techo asequible forma parte de esa libertad.

La dignidad de Andalucía se juega también en cada vivienda. En cada familia que puede conservar su casa, en cada barrio que mantiene a sus vecinas y en cada joven que encuentra algo más que trabajos precarios y alquileres imposibles.

Queremos una Andalucía en la que el bienestar de sus habitantes sea una prioridad política. Que el beneficio obtenido con una vivienda encuentre límites cuando compromete ese bienestar. Que nuestras ciudades puedan acoger a quienes vienen y, al mismo tiempo, garantizar un futuro a quienes viven en ellas.

Hablar de nuestra tierra, de nuestra cultura y de nuestra identidad obliga a mirar a las personas que las sostienen. Esas personas necesitan casas. Necesitan descanso, estabilidad y tiempo para vivir.

Nuestro apoyo al Sindicato de Vivienda de Granada

Desde La Bola Negra expresamos nuestro apoyo al Sindicato de Vivienda de Granada, a Stop Desahucios y al movimiento de inquilinas e inquilinos que está organizando la defensa del derecho a la vivienda.

El sindicato granadino ha impulsado una acampada junto al Palacio de Congresos, en solidaridad con Maricarmen y contra el negocio de la vivienda. El 8 de octubre, Granada volvió a movilizarse en su memoria.

La organización colectiva permite que una persona amenazada de desahucio encuentre apoyo, información y compañía. Permite reunir problemas que muchas veces se sufren en silencio y darles una respuesta común. Quienes hacen ese trabajo merecen reconocimiento y apoyo sostenido.

Por eso nuestro compromiso tiene que continuar después de la manifestación. En las asambleas, en el acompañamiento a las familias y en las movilizaciones frente a los próximos desahucios. Si hoy salimos por Maricarmen, también tenemos que estar para las personas que seguirán necesitando esa solidaridad mañana.

Pedimos a quienes comparten esta indignación que se acerquen a los colectivos de vivienda de su barrio, que escuchen a las familias afectadas y que participen. Cada persona puede aportar tiempo, conocimientos o presencia. La fuerza de una organización crece cuando la solidaridad se convierte en una práctica cotidiana.

Las familias que afrontan los próximos desahucios tienen que saber que hay gente dispuesta a acompañarlas. Que su situación importa. Que defender una casa puede convertirse en una causa compartida.

Por Maricarmen, por todas, por la clase obrera

Maricarmen pidió que se siguiera luchando. Desde el hospital nos dejó unas palabras que tenemos presentes: «por favor, luchad».

Queremos recoger ese llamamiento sin borrar a la persona que lo pronunció. Recordarla exige conservar el sentido de su pelea y seguir defendiendo a quienes quieren vivir con dignidad. Su memoria tiene que estar en las calles y también en las decisiones que reclamamos.

Este 8 de octubre, en Granada, hemos marchado por ella y por todas. Por quienes tienen miedo de abrir el correo. Por quienes intentan negociar una semana más. Por quienes trabajan de sol a sol y siguen sin poder pagar una casa. Por las personas mayores que merecen envejecer con tranquilidad.

Nuestra indignación seguirá dirigida a cambiar las condiciones que permiten estos desahucios. Exigimos a los gobiernos que actúen, apoyamos a quienes se organizan y defendemos que la vivienda se ponga al servicio de la vida.

Por Maricarmen. Por todas las personas amenazadas de desahucio. Por la clase obrera.

Granada seguirá organizándose. Andalucía tiene derecho a vivir con dignidad.